En abril de 2020, cuando la ola de contagios de Covid-19 empezaba a crecer y las restricciones de circulación eran cada vez mayores, los ojos de la opinión pública se posaron en una residencia geriátrica, en donde se registró un contagio masivo y ocurrieron las primeras muertes en este tipo de establecimientos. Sucedió en el Geriátrico Apart Los Incas, en Avenida de los Incas y Zapiola, en Belgrano R. El lugar fue desalojado con los móviles de televisión mostrando el traslado de los pacientes y el personal. Diez personas murieron por el virus y la investigación reveló una trama de negligencia por parte de los dueños.
A cinco años de la tragedia, esta semana finalmente comenzó el juicio contra los titulares del geriátrico. La causa tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los magistrados Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo.
La residencia era gestionada por los apoderados Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, bajo la dirección médica de Carla Raffo. Los tres están imputados por homicidio culposo agravado y violación de las medidas sanitarias durante una pandemia, según establece el artículo 205 del Código Penal. Además, se les atribuyen lesiones culposas y múltiples omisiones en el cuidado de los residentes.
Según la causa, los acusados habrían incurrido en al menos nueve irregularidades: desde no tomar la temperatura a los residentes hasta presionar a empleadas para que trabajaran pese a tener síntomas compatibles con COVID-19. También se documentaron fallas graves como la falta de equipos de protección, demoras en realizar hisopados y omisiones en la actualización de historias clínicas.
A su vez, también está siendo juzgada Paula Verónica Trunzo, Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos, por el supuesto incumplimiento de sus deberes. La funcionaria es acusada de haber incumplido su obligación de denunciar irregularidades detectadas en inspecciones realizadas entre 2017 y 2020 en el Geriátrico Apart Incas, lo que hubiera evitado los contagios si se disponía la clausura del lugar.
A pesar de ello, el Procurador General de la Ciudad aceptó un ofrecimiento de la defensa de la imputada para que la funcionaria quede impune a cambio de una reparación de cuatro millones de pesos a favor de la Ciudad, montos que no se aplicarían a las víctimas. El Tribunal rechazó este pedido por unanimidad.
